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Boliche Sobremonte-Mar del Plata: 12 procesamientos por asociación ilícita

Causa Sobremonte en Mar del Plata: 12 procesamientos por asociación ilícita. Tres personas están señalados como jefes de la organización ilicita y también están acusados por evasión tributaria agravada.  La investigación de la justicia federal de Mar del Plata, a partir de una denuncia realizada por Afip-DGI, logró desentramar una asociación ilícita tributaria que operaba desde el Complejo Sobremonte, uno símbolo de la ciudad que funcionó durante años en la avenida Constitución. Según tuvo por probado la Cámara Federal de Apelaciones, se interpusieron personas físicas y jurídicas para evitar conocer quiénes eran los verdaderos responsables del lugar, que se beneficiaron con las maniobras al margen de la ley. El tribunal revisor marplatense confirmó días atrás los procesamientos que recayeron sobre 12 personas, acusadas de integrar una asociación ilícita -como jefes o miembros-; tres de ellas además deberán responder por el delito de evasión tributaria agravada por más de 2 millones de pesos, que habrían dejado de pagar en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el período fiscal de 2013. Los jueces de Cámara Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza resolvieron mantener las acusaciones.

Las conductas investigadas tienen que ver por un lado, con la conformación de una asociación ilícita tributaria, y por otro lado con maniobras concretas que la organización habría realizado para evadir el IVA. Con este objetivo se habrían conformado desde el año 2003 hasta el año 2014 una serie de sociedades comerciales destinadas a evadir el tributo y bajo las cuales se explotó comercialmente el Complejo. Para lograr el cometido, se subarrendaron las boleterías de acceso, barras, restaurantes y distintos espacios de recreación, a sociedades cuyos integrantes no poseerían capacidad suficiente para el giro comercial que el emprendimiento demandaba, o bien, a personas físicas que en calidad de monotributista figuraban como concesionarios de la actividad, pero que poseían una situación inconsistente frente al organismo fiscal. Para la Cámara quedó acreditado -al menos en esta instancia del proceso- que tres de los principales responsables, junto a un contador, una mujer y un hombre, elaboraron un entramado de personas físicas y jurídicas para ocultarse de la escena y por consiguiente, quitarse de encima las obligaciones tributarias derivadas de la explotación del complejo nocturno. “Todos estos elementos dan cuenta de la envergadura de la maniobra investigada, del uso ilícito de las sociedades que se conformaban al efecto y de la trascendental función dentro de la organización que ostentaban los nombrados como ‘jefes’, pues ha quedado demostrado, prima facie, que eran los verdaderos titulares de la explotación del ‘Complejo’”, detalla la resolución judicial.
Los tres principales responsables están acusados, de acuerdo a la resolución de la Cámara, como jefes de la asociación ilícita y del delito de evasión tributaria agravada del IVA periodo fiscal 2013, por la utilización de personas interpuestas y por superar la condición objetiva de punibilidad, de acuerdo al artículo 2, inciso b, contenido en el 279 de la Ley 27.430. El contador y las otras dos personas también están imputadas de liderar la asociación ilícita tributaria, aunque sobre ellas no pesa la acusación por la evasión.
En relación al rol del contador, quedó comprobado que actuaba como asesor contable de los propietarios del Complejo, y que entre los años 2003 y 2014 habría diagramado el entramado societario conformado por las firmas investigadas. De esta manera contribuyó con sus conocimientos técnicos a la creación y administración, e inclusive formó parte de alguna de las sociedades que conformaban el grupo investigado, lo que permitió ocultar la verdadera identidad y capacidad contributiva de las explotaciones comerciales.
Por otro lado, dos mujeres y cuatro varones habrían tenido un rol como integrantes de la asociación ilícita: “Tenían bajo la esfera de su administración no solo el producido de los locales comerciales investigados, al tener acceso y disposición de sus cuentas bancarias, sino que en caso de una abogada, se ocupaba de atender las cuestiones legales que se suscitaban en la operatoria diaria del Complejo”, según agrega el escrito de la Cámara.