Ley de Medios
La desigual agenda de la comunicación.
Gonzalo Carbajal y Luis Lazzaro analizan las consecuencias del DNU 267, que mutiló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los últimos días han sido prolíficos en hechos relacionados con la comunicación. Algunos circularon profusamente en los medios grandes, esos que generosamente prestan soporte al gobierno nacional. Otros solo consiguieron visa para circular en espacios que se hallan en los márgenes de aquellos, si se tienen en cuenta ratios tradicionales como rating, cobertura y distribución. Unos fueron noticia y otros pasaron mucho menos apercibidos para el gran público.El Enacom, creado por el gobierno de Mauricio Macri mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015, aprobó la semana anterior la operación de compra de la empresa de telefonía Nextel por parte de Cablevisión (operador mayoritario de TV Paga propiedad del Grupo Clarín con participación accionaria de David Martínez), y el ingreso del mismo David Martínez a Telecom mediante la compra de un porcentaje de acciones que le otorgan la mayoría de la voluntad social. Ambos socios posicionan sus empresas en el supermercado de los servicios convergentes (cable, telefonía fija, Internet y el flamante 4G).
Afsca y Aftic habían objetado la primera operación por haber sido realizada sin la autorización previa del ente regulatorio, y la segunda por la carencia de antecedentes en el comprador para gestionar un servicio público. Ambos argumentos ya no son requisitos para realizar las operaciones, el DNU 267 los eliminó, junto a ambos organismos y numerosos artículos que promovían la supremacía del interés público por sobre el interés empresario y la representación social en los órganos de administración de la comunicación audiovisual y las telecomunicaciones.
El mismo día también se conoció que el Grupo Perfil será adjudicatario de las dos licencias para sendos canales de TV Digital en la Ciudad de Buenos Aires que tramitaba ante la Afsca. Pero la alegría del titular del grupo Jorge Fontevecchia quizá no sea completa; la ley 26.522, antes de ser mutilada por el DNU 267 obligaba a que esos canales estuvieran en la grilla de los operadores de TV paga de la ciudad. Como están las cosas ahora, nadie le asegura que el 90 por ciento de los hogares de la ciudad –que ven TV a través de algún sistema pago– puedan tener acceso a sus canales.
En diciembre el Gobierno argumentó la necesidad de un DNU para modificar la ley 26.522 en la urgencia de realizar modificaciones en el mercado y la parálisis del Congreso por el receso. Ahora se designó una comisión encargada de elaborar un proyecto de ley de comunicación, integrada por muchos de los detractores de la norma aún vigente y sin participación de medios comunitarios y sindicatos, cuando todavía el Congreso no se pronunció sobre rechazar o aprobar el DNU sobre el tema.
Las operaciones mencionadas gozaron de generoso espacio en la mayoría de los medios grandes, pero no fue lo único sucedido en la materia en los últimos días. El jueves 3 de marzo la Coalición por una Comunicación Democrática, con la participación de más de 300 organizaciones, aprobó por aclamación “Nuevos 21 puntos” que expresan la posición de organizaciones sociales, políticas, sindicales, universitarias, comunitarias, cooperativas, interculturales, intelectuales, de derechos humanos en torno a la comunicación –en todos sus modos, soportes y dispositivos– para fortalecer la democracia con inclusión y distribución de la riqueza.
Pocos días antes, el foro ComunicAcción había reunido un millar de personas de distintos ámbitos y geografías en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, para hacer un diagnóstico y comenzar a desarrollar espacios de articulación y construcción de la comunicación democrática y popular como opción frente al poder mediático que condiciona, limita y manipula la democracia.
Dos campos tironean de la agenda. De un lado, el poder mediático que ordena un campo político alrededor de los intereses corporativos. Del otro, actores sociales que proponen a la política un proceso de acumulación que conduzca a organizar las demandas populares alrededor de una agenda democrática a favor de los intereses nacionales y latinoamericanos.
En ese sentido, tanto la Coalición por una Comunicación Democrática, como el foro Comunic-Acción deben ser vistos y valorados como actores políticos emergentes de un tiempo de resistencia al neoliberalismo, en la medida en que interpelan directamente al sistema de medios como núcleo de organización política de un proyecto centralista, autoritario y excluyente de las mayorías.
Publicado el 17/03/2016 00:00 en Ley de Medios
