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Ley de Medios: el “modelo argentino” inspira a México.

Mientras Clarín hace de las suyas, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cosechó elogios durante el Coloquio “Miguel A. Granados Chapa”, en la capital azteca. Además, el día que Roa le dio la razón a Sabbatella. En México, donde se llevó a cabo el II Coloquio "Miguel Ángel Granados Chapa"”, en el marco de la 10 Bienal de Radio, miran con particular atención lo que está ocurriendo con nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

 El "modelo argentino" despierta curiosidad, cuando no sana envidia, entre los referentes de la sociedad civil –donde pisan fuerte los integrantes de la Asociación  Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)– que promueven aquí una reglamentación de similar alcance y potencia, que consagre en los hechos el derecho a la comunicación democrática de las audiencias (la Defensoría del Público argentina, que rige sobre medios públicos y privados, es la aspiración general, por eso su titular, Cynthia Ottaviano fue invitada a exponer ante un auditorio colmado) y un sentido antimonopólico real a la recientemente aprobada en tierra azteca Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Desde el nombre, el coloquio organizado por Radioeducación y la defensora Beatriz Solís Leeré, lo dice casi todo. Granados Chapa fue un periodista excepcional, solidario en su tiempo con los argentinos que debieron exiliarse en México durante la dictadura cívico-militar, escritor durante tres décadas ininterrumpidas del panorama político "Plaza Pública", desde el que luchó con prosa quijotesca contra la mentira y el duopolio comunicacional que lesiona la libertad de expresión de todos los mexicanos.

A grandes rasgos, y aunque no son exactamente lo mismo, el Grupo Clarín SA de aquí se llama Televisa y Carlos Slim sería como nuestro Héctor Magnetto. Pero lo que cautiva de la experiencia argentina a los militantes locales por una comunicación democrática es la perspectiva de Derechos Humanos sobre la que se funda nuestra LSCA, que cumplió cinco años de sancionada. La nueva ley azteca, si bien registra avances en el control de la concentración, da mayor status a los medios públicos e incorpora la figura de los defensores de las audiencias, recuesta su cuerpo normativo en la regulación de un servicio público mercantilizado, sin comprender en sus fundamentos que la comunicación es un derecho humano básico e inalienable de todas las personas –aporte de nuestra ley a la discusión continental sobre el tema, basada en las recomendaciones del Pacto de San José de Costa Rica y toda la jurisprudencia del sistema interamericano de DD HH– que los Estados están obligados a garantizar con políticas que impidan la concentración mediática en pocas manos. Vale recordar que el Pacto, en su punto 12 –que en nuestro país tiene rango constitucional–, llama a los países adherentes a combatir los "monopolios públicos y privados" de la comunicación porque estos "conspiran contra la democracia".

Aún con sus deficiencias, la ley mexicana admite, por primera vez, que los propietarios de los medios audiovisuales no lo son en simultáneo de toda la comunicación y, mucho menos, los garantes últimos de la "libertad de expresión". Ahora se los llama "concesionarios", es decir, administradores eventuales de las frecuencias que pertenecen a todos los habitantes del país, e impone al gobierno del mandato de evitar cartelizaciones y cruces empresarios que restrinjan la competencia.

Quedó como rudo trabajo para el IFT (el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un organismo que sería la suma del AFSCA y la CNC argentinas) las resoluciones complementarias que traduzcan las exigencias de la ley en hechos concretos. Así y todo, los grupos de la sociedad civil tienen una sensación ambigua frente al nuevo escenario. Admiten que es un logro, que incluye algo de su pelea de décadas, pero apuntan que la convergencia de una perspectiva excesivamente mercantil y tecnológica y una perspectiva de derechos políticos a ser tratados en un solo ámbito, bajo la jurisdicción de una única autoridad de aplicación, hace las cosas más difíciles y, por momentos, casi impracticables.

Aquí todavía no existe –aunque está en marcha– la Televisión Digital Terrestre, el sistema de medios públicos no tiene presupuesto garantizado por ley, sólo se reconocen nueve derechos a las audiencias y, según los especialistas, hay riesgo de que los llamados a "la pluralidad y la diversidad" queden en letra muerta o en las buenas intenciones del legislador, frente a la presión y el lobby empresarial.

Por eso el "modelo argentino" concita interés. Entre otras cosas, porque reconoce que toda comunicación es de interés público, dividida entre actores estatales, de gestión privada con fines de lucro y privados o comunitarios sin fines de lucro; y al ser un derecho humano garantizado por el Estado, el mercado no se puede arrogar su tutela o predominancia. Según los expertos mexicanos, en nuestro país queda claro que una cosa es la libertad de empresa y otra la libertad de expresión, y ante cualquier colisión de intereses, la segunda tiene prioridad por ley. Además, después de tantas batallas, constitucional y aplicable de la A a la Z.

Fue durante la segunda jornada, mientras El Zócalo –la Plaza de Mayo mexicana- era inundado por una multitud en protesta por la desaparición a manos de la policía de un grupo de 43 estudiantes secundarios del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, de los cuales 17 aparecieron calcinados en una fosa común, que se conoció la noticia de la decisión de la AFSCA de adecuar de oficio al Grupo Clarín SA La reacción inmediata de los asistentes al coloquio, en la Sala Vasconcellos del Centro Nacional de las Artes, del barrio de Coyoacán, se puede resumir en el siguiente testimonio: "Ustedes (los argentinos) sí que están dando la batalla de frente contra el monopolio. No le tienen miedo y además piensan que es posible. Es muy importante que le tuerzan el brazo a Clarín. Sería un gran envión a todo el proceso de democratización de la comunicación que se vive en América Latina. Ya son un espejo donde mirarse, imagínense si logran rendirlo."

Aquí suena lógico que un monopolio deba, en teoría, ceder la supremacía de sus licencias. Aunque lógico no quiere decir practicable. Es difícil, ya se sabe, conciliar la sabiduría de la academia con el barro de la historia. Y México, además, es un país muy complejo de explicar. Vive en ebullición. Fuera del DF (Distrito Federal), el poder narco hace estragos: controla Estados, municipios, policías y hasta bancos. Se calcula que hay un asesinato por hora. Desde la presidencia de Felipe Calderón, la estadística suma más de 100 mil. El monopolio del uso de la fuerza, en buena parte del territorio de los Estados Unidos de México lo tienen los cárteles. También, por desgracia, la posibilidad de ofrecerles un ingreso, pertenencia y hasta cultura musical a siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. La izquierda social es muy fuerte y extendida –la escuela normal de Ayotzinapa, de la que eran los secundarios desaparecidos y asesinados, tiene sobre su frente carteles de Lenin, Marx y el Che Guevara, y las víctimas fueron secuestradas mientras viajaban a la marcha en el DF que se hace todos los 2 de octubre en conmemoración de la Masacre de Tlatelolco– y aún hoy los zapatistas derraman romanticismo revolucionario en el Estado de Chiapas y los municipios que gobiernan. Sin embargo, nada de todo eso converge en una organización política a escala nacional.

El PRI de Enrique Peña Nieto (Partido Revolucionario Institucional) hoy gobierna, como siempre, a media agua: impulsa una ley de medios que genera dudas, promueve una ley de derechos reproductivos que es atacada por la Iglesia y la derecha empresaria, del mismo modo que hace negocios con los Estados Unidos y defiende a Cuba, estoicamente, en todos los foros. El presidente mandó al Ejército a poner orden en Guerrero. Consiguió normalizar el caos y produjo algunas detenciones de narcos. El día que el DF marchaba por justicia, se sacaba selfies en otro estado, bien peinado, impecable, como casi siempre.

Al PRD (Partido de la Revolución Democrática, vieja escisión del PRI) pertenecía el presidente municipal de Iguala, hoy prófugo junto a su jefe de policía, por mandar a secuestrar, asesinar y desaparecer a los estudiantes que aparecieron en la fosa. Gracias a los medios alternativos, esencialmente, y al diario contrahegemónico La Jornada, se sabe ahora de sus lazos con el Cártel de los Guerreros Unidos, controlante del territorio en la zona. Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, fue agredido a botellazos y zamarreado por la multitud que se reunión en El Zócalo para exigir la aparición con vida y el castigo a los culpables. Las pancartas que se pudieron ver en la protesta tenían mensajes deprimentes: "Fuera políticos, a ustedes no les creemos nada."
A la izquierda del PRD aparece MORENA, de Andrés López Obrador, a quien los diarios hegemónicos acusan de liderar en las sombras la toma estudiantil de 45 escuelas del Instituto Politécnico Nacional (como la UTN argentina), que lleva dos semanas. Por último, está el PAN (Partido de Acción Nacional), de extracción liberal, hoy opositor, que sin embargo goza de buena recepción entre la gente de a pie. El senador panista Javier Corral, por esas curiosidades de la vida, es una de las voces que se alzan de manera más clara contra la concentración mediática, por ejemplo. Es un ex periodista, y sus posturas le generan críticas del gobierno y de su propio partido. Pero integra la coalición de los que impulsan una reglamentación más dura contra los monopolios, que suele reunirse en el auditorio del Museo-Casa de León Trotsky. Paradojas de la vida azteca.
El dato preocupante es que todo este universo de representación política estuvo ausente de la marcha en El Zócalo. Casi 30 mil personas estuvieron allí reclamando a viva voz contra un horrendo crimen de Estado. Ningún político nacional la encabezó. El episodio que vivió Cárdenas refleja ese corte en el horizonte entre los representantes y los representados, escrito con marcador en las pancartas.

Como si varias realidades se superpusieran en un mismo territorio donde el lenguaje de la violencia estatal y para-estatal fuera una fatalidad climática, que cada tanto sacude y mata, y luego hiberna hasta el próximo episodio de irracionalidad y asesinato en masa, sin solución a la vista.

La mayoría de las veces, además, contada por la mitad desde los medios hegemónicos, que unifican la agenda y el tratamiento de las noticias, que siempre será espectacular, morboso y sangriento, individualizando los hechos y los protagonistas, desconectándolos unos de otros, construyendo un relato donde los crímenes no son el alimento de un sistema general en crisis que mantiene aterrada a la población para que nada cambie, sino apenas cosas que suceden como el día sucede a la noche, y punto.

Desde aquí, en este contexto, desde este México sublevado que muchas veces gira en círculos, capaz de hacerle la guerra en el siglo XIX a los Estados Unidos para un siglo y medio más tarde firmar el NAFTA con su viejo adversario, con 10 mil años de historia enterrados bajo su desparejo pero imponente desarrollo y su infinita riqueza cultural, ring de la pelea entre la III y la IV Internacional que acabó con un pico clavado en el cráneo de Trotsky en una zaga de crimen, política y arte muralista obrero que supera cualquier novela escrita hasta el momento, útero amistoso que acogió al exilio argentino cuando hizo falta, que se hable de la LSCA, nuestra ley de medios, de nuestra Defensoría del Público, como un modelo a seguir para democratizar la comunicación de la sociedad, deja chiquita, como anecdótica, cualquier falacia que diga el Grupo Clarín SA.
Desde México, las verdades se ven mucho más nítidas que las mentiras.